¿Cuál es la prioridad ambiental peruana respecto de la industria?


Blog de Lorenzo de la Puente en Diario Gestión

En materia industrial nos hemos distraído con los “conflictos ambientales” y el tiempo ha pasado sin que nos dediquemos a lo que más urge en nuestro país respecto del impacto ambiental de la actividad industrial: la promoción de la producción limpia y la remediación ambiental.

Aunque Conga pudo ser un punto de quiebre (el Gobierno creó una Comisión Multisectorial que simplemente publicó un informe ambiental), poco hemos aprendido de esta lección. Los años han pasado y el “protagonismo” en la gestión ambiental estatal siguió siendo de los conflictos, sin que el Estado logre la tranquilidad debida para impulsar programas de mejora industrial.

En los últimos años se ha politizado tanto el tema ecológico que la ciencia ambiental ha dejado paso a intereses subalternos y los llamados conflictos socio-ambientales han mermado la capacidad del Estado de liderar una buena gestión ambiental pública y privada. Se “politizó” lo ambiental y eso también afectó a los proyectos de inversión.

Parece como si las autoridades ambientales hubieran buscado evitarse problemas y se dedican a los asuntos menos complejos socialmente hablando, tratando de no estar cerca de las mineras y petroleras. Recuerdo cuando el Consejo Nacional del Ambiente creo un grupo de trabajo con empresas privadas para promover la gestión ambiental. Hoy no existe un foro de estas características. Creo que la falta de coordinación entre Estado y empresa privada -especialmente evidente respecto de las empresas mineras- no ha contribuido a la mejora ambiental.

Debemos contar con dos planes nacionales básicos: 1. un plan de fomento de la producción limpia y 2. un plan de remediación de daños ambientales “huérfanos”. Ambos planes tienen el mismo objetivo: la mejora de la calidad ambiental en el territorio peruano. Mientras que el primero mira al futuro, el segundo atiende lo sucedido en el pasado.

1. Plan de fomento de la producción limpia

Este plan se debe sostener en los reglamentos ambientales sectoriales para promover la producción limpia. Debemos contar con una regulación que sea eficaz en la modificación de la conducta de las personas que dirigen las empresas para fijarse en objetivos de mejora ambiental continua. La intervención ambiental del Estado, dirigida por el Ministerio del Ambiente y caracterizada por ser punitiva debe modificarse y ser también promotora de la producción limpia. Se trata de contar con una regulación eficaz (que se cumpla). En los hechos, la intervención reactiva del Estado ha tenido como efecto una gestión también reactiva de la industria. Esto es lo que debe cambiar.

Se acaba de modificar el Reglamento Ambiental para Industria y Comercio, lo mismo se hizo con los reglamentos ambientales para la minería y la industria de los hidrocarburos el año pasado. Sin embargo, el Estado debe ir más allá y crear instrumentos de incentivo de la producción limpia. En esta tarea debe intervenir el Ministerio de Economía y Finanzas porque involucra la aprobación de incentivos tributarios para la adquisición de tecnología limpia y para el desarrollo de proyectos de mejora ambiental.

Algunos piensan que no hay que otorgar incentivos a las empresas por cumplir la ley. Sin embargo, cuando la ley impone cargas a una actividad industrial que aporta valor al desarrollo de la sociedad y esas cargas son tan gravosas que pueden afectar tal aporte, los incentivos sí están justificados. El “premio” a las empresas tiene su razón de ser, entre otras, por dos razones: porque estas van más allá del estándar que establece la norma legal, o porque el cumplimiento de estándares más estrictos que los anteriores exigen inversiones no previstas.

Pero los incentivos no son todo, también debemos contar con fórmulas de “autorregulación”: aquellos instrumentos que sin la intervención del imperio de la ley pueden generar cambios en la industria: las ecoauditorias voluntarias, las normas técnicas para los distintos procesos industriales, las entidades de acreditación, los verificadores ambientales, entre otros.

2. Plan de remediación de sitios contaminados “huérfanos”

Si bien ya contamos con programas de remediación de pasivos ambientales mineros y de hidrocarburos, así como programas de remediación de suelos contaminados que se derivan de los estándares de calidad ambiental para suelos, estos no han demostrado eficacia hasta el momento.

Aprobar normas de atribución de responsabilidad para la industria privada no es suficiente ya que hay daños respecto de los cuales su causante no puede ser identificado, o si es identificado no cuenta con los medios para remediar el daño causado. Entre ellos están los daños ambientales “históricos” que existen en nuestro territorio, respecto de los cuales no se puede identificar un causante al que se le pueda exigir su reparación (por eso se le llama un sitio “huérfano”).

La eficacia de cualquier programa de remediación de sitios contaminados depende de su financiamiento. Cuando se puede identificar al responsable y este tiene los medios, esto no es un problema. Sin embargo, no siempre es así. De hecho, en el caso peruano la mayoría de sitios contaminados no cumplirían con esas dos condiciones. Por lo tanto, si es que queremos mejorar la calidad ambiental del país, el costo de la remediación deberá ser asumido por todos los peruanos. La ecuación es así de sencilla: el dinero para remediar el daño pasado deberá salir de las arcas del Estado y de fondos privados. No hay otra manera.

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Acerca de Lorenzo de la Puente

Abogado dedicado al Derecho Ambiental y Administrativo
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