El “choque” cultural inversionistas – indígenas


Aunque el 7 de agosto publiqué un “post” sobre las poblaciones indígenas, a propósito de la Consulta Previa. Como el tema sigue en el tapete, me animé a volver a tocar el tema, añadiendo algunas consideraciones propias de mi experiencia. Espero les interese.

En nuestro país hay ciudadanos que pueden hacer cosas que para los demás están prohibidas. Me refiero a aquellos a los que nadie les pide su DNI y que tampoco acuden a las tiendas a satisfacer sus necesidades. Aquellos que, como en tiempos remotos, siguen saliendo a cazar y recolectar para proveerse de lo necesario que les da la naturaleza.

Estos peruanos, agrupados en lo que hoy se conoce como pueblos indígenas o tribales -referirse al Convenio 169 de la OIT-, son aquellos que hacen posible la gran riqueza de un país tan diverso como el Perú; los cuales son tratados de manera distinta por nuestra Constitución Política y las leyes. 

Por ejemplo, en 1997 la Ley Orgánicapara el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales dispuso que estas comunidades de personas pueden beneficiarse, gratuitamente de los recursos naturales de libre acceso del entorno adyacente a sus tierras, para satisfacer sus necesidades de subsistencia y usos rituales, siempre que no existan derechos exclusivos o excluyentes de terceros. El “entorno” está referido a los recursos naturales que puedan encontrarse en el suelo y subsuelo y los demás necesarios para la subsistencia o usos rituales.

Es decir, mientras que un ciudadano común y corriente no debe talar un árbol de caoba o matar un otorongo, estos otros peruanos tienen todo el derecho de hacerlo, bajo las condiciones que imponela ley. Porlo tanto, lo que está penado con cárcel para la mayoría de nosotros, está permitido para estas poblaciones indígenas. Y es que el Derecho puede diferenciar y hacer excepciones cuando la naturaleza de las cosas así lo amerite.

Estos peruanos que curan a sus hijos siguiendo el conocimiento tradicional adquirido ancestralmente en la convivencia armoniosa con la naturaleza, son protagonistas de encuentros de culturas diversas cuando llega la industria extractiva a “su tierra”.

Al Estado le corresponde anticiparse a la ocurrencia de estos encuentros de culturas y prevenir que se conviertan en “choques” de culturas. Debe, pues, establecer los mecanismos para que la asimetría de las partes no perjudique al más débil. Es éste el ámbito dela Consulta Pública del Convenio 169 de la OIT y de los mecanismos de participación ciudadana. El por ello que el Estado debe tratar de desarrollar los medios de participación política organizada necesarios para no afectar la paz social que debe reinar en la sociedad.

En mi experiencia profesional, creo que el “choque cultural” entre la inversión privada y las poblaciones indígenas es generado, entre otras razones por las siguientes:

1. Los tiempos del inversionista son “más rápidos” que los tiempos de quienes viven en contacto directo con la naturaleza. Los primeros usan reloj para saber la hora en cada momento, mientras que los segundos manejan el concepto de calendario para conocer las estaciones. Unos siempre tienen prisa, los otros no.

2. La mayoría de las poblaciones indígenas no conocen las leyes peruanas y, por lo tanto, no se rigen por ellas. Ellos han desarrollado su propio sistema normativo consuetudinario y ancestral que no responde al sistema jurídico peruano. En el caso de los inversionistas, como es lógico, ellos sí se rigen por las leyes peruanas. Por lo tanto, los inversionistas distinguen perfectamente la abstracción jurídica que separa el derecho superficial del derecho de acceso al vuelo forestal o a los recursos naturales en el subsuelo; mientras que las poblaciones indígenas no necesariamente. Una empresa forestal puede ver sólo madera donde un poblador indígena encuentra su identidad, su casa, su cultura y a sus ancestros.

3. En muchos casos el Estado peruano que ya se va para el Bicentenario, ha estado ausente de la vida diaria de las poblaciones indígenas, por lo que no debe ni puede pretender hacer respetar su autoridad sobre las comunidades de manera inmediata y absoluta, menos aún, cuando así lo requiere únicamente un nuevo proyecto de inversión. Si el proyecto de inversión sirve para el desarrollo, entonces el Estado debe pensar primero en el desarrollo -el cual empieza por las personas- y luego en los proyectos de inversión. La persona y su bienestar es el fin, mientras que el desarrollo es un medio.

4. La relación de la población indígena con su entorno y los recursos naturales, no responde a títulos habilitantes otorgados por el Estado -como sí sucede para el inversionista-. La población indígena se siente parte del entorno, su identidad está en la naturaleza, en su tierra, no requiere de ningún título otorgado por el Estado para reconocerse con todo el derecho a aprovecharla. Para ellos el bosque y la montaña y el agua son suyos, porque así los recibieron ellos, sus padres, sus abuelos y todos sus ancestros.

Nuestro país es muy complejo, por eso no debe sorprendernos la existencia de tantos conflictos, pero sí debemos trabajar por prevenirlos. Nuestra gran riqueza es nuestra diversidad cultural, es el motor de nuestro desarrollo, de ahí la imaginación e inventiva del peruano. Por eso, desde la industria extractiva y desde el Estado, debemos escuchar y proteger a los pueblos indígenas. No nos olvidemos que ellos ya nos han dado la cura para muchísimas enfermedades, y seguramente tienen mucho más por enseñarnos para el bienestar de los peruanos y del mundo entero.

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Acerca de Lorenzo de la Puente

Abogado dedicado al Derecho Ambiental y Administrativo
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Una respuesta a El “choque” cultural inversionistas – indígenas

  1. Lorenzo.- Me parece excelente tu presentacion.
    Solamente añadiria que falta el intermediario neutro, que debe ser el Estado, para introducir a las partes. Cuando el inversionista se acerca a conversar con la comunidad, esta desde el principio desconfia y a veces no quiere aceptar conversacion o reunion alguna, a no ser que se vea amparado por un juez, llamese Gobierno Regional o Central. Luego ese intermediario tiene que supervisar que se cumpla y respete lo pactado entre las partes. Espero que la Ley de Consulta previa indique las Reglas de Juego.
    Enrique Sarmiento

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